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EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (JUICIOS ORALES)… ¿RESPETA LOS DERECHOS HUMANOS?

A partir de la reforma generada en el 2008 a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa a una nueva forma de justicia penal, en la que se traspasó de un sistema tradicional (inquisitivo) a uno de investidura oral acusatorio adversarial, se vio la necesidad de crear una sola codificación que regulara en todo el país los aspectos procesales que darían cabida a la aplicación de esta forma de impartición de justicia.

Esta unificación de criterios se vio reflejada con la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 5 de marzo del 2014; sin embargo, éste ordenamiento jurídico tuvo como característica especial, el que su aplicación se daría de manera gradual, esto, en el ámbito federal, así como en los Estados de acuerdo a la declaratoria pronunciada por cada Legislatura local, teniendo como máximo el 18 de junio del 2016, fecha que recientemente es de todos conocida como la aplicación general del sistema penal en todo el país.

Es importante subrayar que para la elaboración de este Código, en el poder legislativo federal (Cámaras de Diputados y Senadores), se generaron severas discusiones por la intervención de notables juristas mexicanos y extranjeros que aportaron su experiencia y conocimiento para contribuir a la formación de un cuerpo de leyes que fuera ante todo garantista y proteccionista, desafortunadamente el cúmulo de egos, soberbias, imposiciones y sobre todo desconocimiento de muchos legisladores hicieron posible la creación de una codificación que contiene muchísimas violaciones a los derechos humanos; esto, aún y cuando con la reforma del 2011 se prevaleció el respeto, protección, vigilancia a estos derechos fundamentales.

Una de esas vulneraciones la encontramos de manera específica en el artículo 266, el cual a la letra dice:

Artículo 266. ACTOS DE MOLESTIA

Todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten y solicitar su cooperación. Se realizará un registro forzoso sólo si la persona no está dispuesta a cooperar o se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitar su cooperación.

Este artículo nos especifica que, en caso de que cualquier ciudadano que vaya caminando tranquilamente por la calle puede ser interceptado por una autoridad (policía de cualquier corporación) y ser sometido a una revisión, irónicamente señala que primero se le pedirá su cooperación y sino acepta, se procederá a un REGISTRO FORZOSO, lo que viola flagrantemente lo que establece el artículo 16 Constitucional, el cual señala que: Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Como este lector podrá observar, el artículo 266 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contraviene lo que establece nuestra Carta Magna y se traduce en un instrumento para que los elementos policiacos generen revisiones con plena violación a los derechos humanos, sin embargo, la única forma de contrarrestar esta actuación es solicitarle a la autoridad, primeramente que se identifique y posteriormente les enseñen la orden por escrito emitida por autoridad competente para proteger el derecho a la seguridad jurídica o en su defecto expresarles que si realizan esa actuación, les formularán queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, independientemente de la interposición de una queja ante la Contraloría interna de cada corporación, actualmente uno de los instrumentos más utilizados en la actualidad es la videograbación, el cual les puede servir para justificar la actuación indebida de este funcionario.

Bajo esta perspectiva nos hacemos los siguientes cuestionamientos:

¿Realmente el Código Nacional de Procedimientos Penales genera una debida protección de los derechos fundamentales o simplemente fue una legislación creada al vapor sin las consideraciones debidas para la protección de los ciudadanos?

Aunado a este análisis, existen otras violaciones de la Codificación Nacional que abarcaremos en publicaciones posteriores; ante esto y como siempre… Usted tiene la última palabra y la facultad para exigir la protección de sus derechos.  

MIGUEL ANGEL DE LA FUENTE PONCE.

Doctorante En Juicios Orales.

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