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Las Manos Negras Manchadas de Sangre (Otro Caso Poblano)

Por: Mario Alberto Mejía Martínez

La reciente campaña en prensa orquestada en contra de Raciel López Salazar —titular de Seguridad Pública del estado de Puebla— y del abogado Florencio Madariaga hay que verla a la luz de los recientes conflictos judiciales que enfrentan el rector Alfonso Esparza y el diputado Fernando Manzanilla.

Los autores de la campaña buscan, columna tras columna, lastimar la imagen de quienes son caracterizados como “chiapanecos”, como si la oriundez de ambos fuese un pecado de lesa humanidad.

En este país racista —México es uno de los más racistas del mundo—ya no es novedad que crucifiquemos a quienes creemos inferiores.

Puebla —sobre todo en la zona metropolitana—, es el mejor ejemplo de esa discriminación.

Y los “chiapanecos” se han vuelto víctimas cotidianas de los insultos desde la época en la que Javier López Zavala contendió a la gubernatura de Puebla en 2010.

Los políticos nacidos en la capital del estado —puros ellos, tan de sangre azul— usaban el calificativo “chiapaneco” para descalificar al candidato a la gubernatura del PRI.

A partir de entonces, ser oriundo de Chiapas se volvió equivalente a ser inferior.

Bajo esa óptica racista, los columnistas que suelen atacar a López Salazar y a Madariaga los llaman “chiapanecos”.

Así, fríamente, con el tufillo con el que eran señalados los judíos durante el Tercer Reich.

(¿De qué raza superior serán esos columnistas tan sofisticados?).

Ese desdén los retrata perfectamente.

Es un retrato hablado de la ignorancia mezclada con la estupidez.

Además de esto, acusan a López Salazar y a Madariaga de inoperantes.

Nunca en la historia reciente de Puebla —ni en la antigua— ha habido tantas aprehensiones como las que hemos visto en los últimos siete meses.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta —a través del secretario de Seguridad Pública— ha metido a la cárcel a cerca de dos mil integrantes de los más distintos grupos de la delincuencia organizada.

Y todo eso bajo una investigación rigurosa que no admite dudas ni sospechas.

Si sumamos las aprehensiones generadas en los sexenios anteriores difícilmente llegaremos a esa cifra.

¿Qué ha cambiado a partir de esto?

La inseguridad pública ha disminuido brutalmente, así como la percepción de fragilidad.

La propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha confirmado estas aseveraciones.

Vea el hipócrita lector:

De entrada, el estado de Puebla se ubica en el lugar 22 de incidencia delictiva, al decir del general Luis Cresencio Sandoval, titular de la SEDENA.

Hay que decir que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que entre septiembre y diciembre de 2018 Puebla estaba en el top 5 de las ciudades con mayor percepción de inseguridad.

En la más reciente encuesta del Inegi esa percepción se redujo considerablemente.

Y no fue gracias al ayuntamiento de Puebla —que se ha negado sistemáticamente a colaborar con el gobierno del estado—, sino a la estrategia echada a andar por el gobernador Barbosa y sus principales colaboradores en este rubro.

Entre ellos, el secretario de Seguridad Pública.

Los delitos de alto impacto, como el secuestro, han disminuido en la entidad.

Lo mismo ocurrió con delitos como el homicidio, la violación, y el robo de combustible, de transporte y de vehículos.

Todo esto dicho por el total de la Sedena.

La bajeza ha llegado a tal grado, que algunos columnistas rescataron del olvido el incidente que privó la vida de un hijo de Raciel López Salazar en aras de denigrarlo.

¿La muerte de otro denigra a alguien cuando ocurrió al margen de un asesinato o algo parecido?

Cuánta ruindad.

Atacar como lo han hecho a López Salazar y a Madariaga exhibe a sus detractores y deja ver lo dicho al principio de esta columna: hay manos negras detrás de esa embestida.

Y esas manos negras no han dudado en llenarse de sangre en aras de cumplir con las siniestras órdenes.

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